El gobierno de Trump intenta crear un plan para extender su red de deportación a las cárceles.

El gobierno de Trump trabaja con alguaciles de todo el país que comparten su forma de pensar en un plan para transferir a los inmigrantes indocumentados en las cárceles a la custodia federal, de acuerdo con distintos alguaciles involucrados en las discusiones. Si el plan tiene éxito, podría expandir la red de detenciones que ya ha comenzado a transformar la forma en que se administra la justicia sobre asuntos migratorios en el país.

El plan es tratar de encontrar un método para evitar que las decisiones sean tomadas por los tribunales que hasta el momento han limitado las acciones de las autoridades locales en cuestiones migratorias. Involucra una estrategia legal sobre las órdenes de retención inmigratoria, las cuales son solicitadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a los alguaciles locales o departamentos de policía para retener a sospechosos de haber ingresado ilegalmente al país, incluso después de que hubiesen pagado su fianza, de que hubiesen cumplido su sentencia de prisión o de que hubiesen resuelto sus casos penales.

La estrategia legal, a través de la cual los alguaciles fungirían como contratistas para ICE, tiene como objetivo proteger a los alguaciles de esas batallas legales, que en ocasiones han resultado en costosas indemnizaciones. Algunos activistas a favor de los migrantes han expresado sus dudas de que los tribunales pudieran considerar que esas acciones sean diferentes a las prácticas actuales.

Desde la toma de posesión de Trump, ICE ha girado casi 11.000 órdenes de retención migratoria cada mes, un incremento del 78 por ciento en comparación con el año pasado. La agencia se negó a compartir información sobre el número de órdenes de retención migratoria que actualmente son rechazadas por los alguaciles y otros departamentos locales. Incluso en el gobierno de Obama, las órdenes de retención migratoria generaron roces entre ICE y los departamentos de los alguaciles porque cientos de ellos tienen políticas en contra de tales solicitudes. Sin embargo, las promesas del gobierno de Trump de deportar a más inmigrantes sin papeles, particularmente a aquellos con antecedentes criminales, ha tenido eco en muchos alguaciles en todo Estados Unidos y el plan podría afectar la tensión entre ambos grupos. Trump y el fiscal general, Jeff Sessions, han luchado frecuentemente contra jurisdicciones que no cumplen con las órdenes, incluso donde los funcionarios locales apoyan el movimiento antiinmigrantes.

La práctica ha creado numerosos problemas legales, muchos de los cuales dependen de ese periodo crítico. Bajo la ley federal, los alguaciles no pueden realizar arrestos migratorios porque son de naturaleza civil y los alguaciles hacen cumplir la ley penal. Por lo tanto, los jueces han determinado que encarcelar a la gente en ese momento constituye una acción ilegal que viola la Cuarta Enmienda.

Los abogados involucrados en casos de órdenes de retención migratoria cuestionan si los tribunales aprobarían el plan. Omar Jadwat, director del Immigrant’s Rights Project, que forma parte de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), dijo: “Realmente no cambia el análisis legal”.

Después de que la oficina del alguacil en Newport News, Virginia, fuera colocada en la lista de cuerpos policiacos que rechazan las órdenes, el alguacil Gabriel Morgan se vio inundado por llamadas telefónicas y correos electrónicos que le exigían saber por qué no estaba cooperando con ICE. 

“Me están dando una orden de retención que no vale ni el papel en el cual está escrito”, dijo. “Entonces, afirman que no cuido la seguridad pública”, dijo Morgan. “Eso es un problema”.